PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cómo se pueden canalizar las denuncias y la participación de la comunidad en la vigilancia?

a) De las denuncias:

En el Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas (RAOHE D.E. 1215), publicado en el Registro Oficial Nro. 265 del 13 de febrero de 2001, se concede la acción popular para denunciar todo hecho que contravenga el reglamento.

El MAE cuenta con el portal web "MAE Trasparente" a través del cual se canalizan la mayoría de las denuncias. No obstante, en el caso de requerirlo, el denunciante puede acercarse a la Dirección Provincial de Orellana y por medio de la respectiva comunicación oficial (cartas u oficios dirigidos al Director Provincial) exponer su queja.

b) De la participación social:

Para el desarrollo de los procesos de participación social se realiza la Consulta Previa y los mecanismos de participación social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental. Estos procesos tienen por objetivo principal el ejercicio de los derechos ciudadanos tanto de la participación como el del acceso a la información. Ninguno de los dos procesos tienen el carácter de vinculante, debido a que la normativa ecuatoriana prioriza el bien común sobre el individual y se reconoce en el artículo 408 que es de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico. Estos bienes sólo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los principios ambientales establecidos en la Constitución.

Los dos procesos permiten a las Autoridades Públicas Competentes conocer los criterios de la comunidad en relación a una actividad o proyecto extractivo que se realice en sus territorios para la toma de acciones como por ejemplo en la preservación de áreas biológicas sensibles o en el establecimiento de necesidades básicas insatisfechas a ser subsanadas. En el caso de la Consulta Previa, Libre e Informada, los criterios se analizan para definir su viabilidad técnica, social, económica y jurídica y luego de este análisis inclusive, estos pueden ser incorporados a los contratos hidrocarburíferos.

Es importante tener en cuenta que estos procesos se realizan en etapas diferentes de la actividad extractiva, en el caso de la Consulta Previa, Libre e Informada, normada en el Decreto N° 1247, esta se aplica en las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas que se encuentren asentadas o dentro del área de influencia de los Bloques o áreas que serán objeto de los procesos licitatorios de asignación que realiza la Secretaría de Hidrocarburos (SHE) y son exclusivamente para el tema hidrocarburífero, a diferencia del Decreto N° 1040 que se aplica en las comunidades de influencia directa o indirecta de Proyectos que generan impacto ambiental (incluyéndose Hidrocarburos, Minería, etc.).

Debido a esta diferencia, la Consulta Previa se realiza antes de la Licitación y por tanto de la implementación de un Proyecto (por lo que los criterios de la comunidad pueden incluso ser incorporados en el contrato hidrocarburífero de prestación de servicios). En cambio el Proceso de Participación Social en el tema hidrocarburífero, se realiza dentro de cada una de las etapas del mismo: Exploración (que incluye la sísmica), Explotación y Producción, Refinación y Comercialización y Transporte, a fin de que la ciudadanía conozca los posibles impactos que cada una de estas etapas puede ocasionar y las medidas de prevención, mitigación o eliminación que se estén tomando.

Las entidades proponentes también son diferentes, pues para el caso de la Consulta Previa, esta es impulsada por la SHE que es la encargada de la socialización en las comunidades previa a la consulta, de la realización del diagnóstico socioambiental y de la coordinación con los Ministerios competentes: Ministerio del Ambiente, Ministerio de Hidrocarburos, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, Misterio de Justicia Derechos Humanos y Cutos, Secretaría Nacional de Gestión de la Política y Ministerio del Interior, para la ejecución de la consulta en territorio. En cambio, en el Proceso de Participación Social es el Proponente del Proyecto el que debe solicitar el permiso de la Autoridad Ambiental y la participación de un facilitador acreditado en el MAE que entregue el aval de que el proceso se cumplió según dictamina la normativa vigente, en los tiempos establecidos y que contó con la participación de todas las comunidades del Área de influencia directa o indirecta establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental.

Si bien, los procesos se realizan en etapas diferentes de la explotación hidrocarburífera, ambos buscan asegurar la participación ciudadana y el ejercicio de derechos consagrados en la Constitución del 2008 y se deben cumplir adecuadamente y en los momentos establecidos, demostrando la transparencia del Estado y los proponentes al entregar la información a la ciudadanía, el respeto por las comunidades y sus criterios y garantizando el goce de sus derechos en cuanto a indemnizaciones y compensaciones justas.